En la era digital, donde las redes sociales desempeñan un papel crucial en la formación de la opinión pública, el derecho a la información y el control sobre el acceso a datos se ha convertido en un campo de batalla polémico.
La reciente confrontación entre la red social «X», antes conocida como Twitter, y el «Centro contra el Odio Digital (CCDH)» ha dejado al descubierto este tenso pulso entre las corporaciones tecnológicas y las organizaciones defensoras de derechos civiles.
¿Qué motiva a una red social gigante a enfrentarse legalmente a un grupo sin fines de lucro? ¿Estamos ante una cruzada por la protección de la privacidad y la propiedad de datos, o es una estrategia de evasión para silenciar las críticas?
Revelación y repercusiones entre X y el CCDH
El 19 de julio, una revelación de Bloomberg News desencadenó una serie de eventos inesperados. Se informó que Twitter, ahora bajo el nombre «X», estaba perdiendo anunciantes debido a una gestión inadecuada del discurso de odio en su plataforma. Callum Hood, jefe de investigación CCDH, fue una de las voces más citadas, denunciando la aparente laxitud de la plataforma. En respuesta, «X» lanzó una demanda contra el CCDH y la Fundación Europea del Clima, alegando un uso indebido de datos que llevó a la pérdida de ingresos publicitarios.
Las alegaciones detrás de la demanda X sostiene que el CCDH obtuvo datos de manera ilícita, usando credenciales de la Fundación Europea del Clima en la herramienta de terceros, Brandwatch. Esta herramienta tiene acceso autorizado a los datos de X, pero «X» alega que el CCDH no tenía autorización para hacer uso de dichos datos. Además, se acusa al CCDH de «raspar» la plataforma sin permiso.
«La investigación del Centro contra el Odio Digital, muestra que el odio y la desinformación se están propagando como un incendio en la plataforma bajo la propiedad de Musk, y esta demanda es un intento directo de silenciar esos esfuerzos», dice Imran Ahmed, CEO del CCDH.
Según el medio WIRED los expertos indican que ven la acción legal como el último movimiento de las plataformas de redes sociales para reducir el acceso a sus datos por parte de investigadores y organizaciones de la sociedad civil que buscan responsabilizarlos.
«Estamos hablando de acceso no solo para investigadores o académicos, sino que también podría extenderse potencialmente a defensores, periodistas e incluso legisladores», dice Liz Woolery, líder de política digital en PEN America, una organización sin fines de lucro que aboga por la libre expresión. «Sin ese tipo de acceso, realmente nos resulta difícil participar en la investigación necesaria para comprender mejor el alcance y la escala del problema que enfrentamos, de cómo las redes sociales afectan nuestra vida diaria y mejorarla»
Un patrón emergente en las redes sociales
Este no es un incidente aislado. En 2021, Meta restringió el acceso a investigadores que recopilaban datos sobre desinformación de Covid-19 y anuncios políticos. Del mismo modo, tanto Meta como Twitter han demandado a Bright Data, una empresa de recolección de datos.
El año pasado, la empresa dijo que cerraría su herramienta de monitoreo CrowdTangle, que ha sido fundamental para permitir a investigadores y periodistas monitorear Facebook. Tanto Meta como Twitter ahora «X» están demandando a Bright Data, una firma israelí de recolección de datos, por raspar sus sitios. Musk anunció en marzo que la empresa comenzaría a cobrar 42.000$ al mes por su API, excluyendo a la gran mayoría de investigadores y académicos que la han utilizado para estudiar temas como la desinformación y el discurso de odio en más de 17.000 estudios académicos.
La restricción al acceso de datos por parte de las plataformas es vista por muchos como un intento de evitar ser responsabilizados. Estas plataformas han sido presionadas en el pasado para cambiar sus políticas cuando los defensores exponen contenido dañino en sus plataformas.
Existen razones por las que las plataformas no quieren que los investigadores y defensores indaguen y expongan sus fallos. Durante años, las organizaciones de defensa han utilizado ejemplos de contenido violatorio en las plataformas sociales como una forma de presionar a los anunciantes para que retiren su apoyo, obligando a las empresas a abordar problemas o cambiar sus políticas. «Sin la investigación subyacente sobre el discurso de odio, la desinformación y otro contenido dañino en las redes sociales, estas organizaciones tendrían poca capacidad para obligar a las empresas a cambiar», afirma el medio WIRED.
En 2020, anunciantes, incluidos Starbucks, Patagonia y Honda, abandonaron Facebook después de que se descubriera que la plataforma Meta tenía un enfoque laxo para moderar la desinformación, particularmente las publicaciones del ex presidente de EE. UU., Donald Trump, costándole a la empresa millones.
La transformación de «X» con Elon Musk
Desde que Elon Musk asumió el control de Twitter en 2022, la plataforma ha experimentado cambios significativos. Se despidieron empleados claves y se reinstalaron cuentas previamente prohibidas. Estos cambios coincidieron con un aumento en el discurso de odio y una disminución en la publicidad, llevando a Musk a expresar su frustración públicamente.
En aproximadamente el mismo período de tiempo, la empresa vio cómo se reducía a la mitad sus ingresos por publicidad a medida que las marcas, incluidas General Motors, Pfizer y United Airlines, abandonaban la plataforma, aparentemente preocupadas por que sus productos aparecieran junto a la desinformación y el discurso de odio.
Y esto ha molestado a Musk, inmensamente. El 4 de noviembre de 2022, tuiteó: «Twitter ha tenido una caída masiva en los ingresos, debido a grupos activistas presionando a los anunciantes, aunque nada ha cambiado con la moderación del contenido e hicimos todo lo posible para apaciguar a los activistas. ¡Extremadamente desordenado! Están tratando de destruir la libertad de expresión en América».
Esta demanda no solo afecta a los investigadores. Compañías como Talkwalker, una empresa de escucha social, se han negado a trabajar con organizaciones que buscan analizar el discurso de odio. Este conflicto también insinúa que el CCDH está siendo respaldado por competidores de «X» y entidades gubernamentales, aunque falta confirmación.
En diciembre, Musk trabajó con periodistas de derecha para lanzar los llamados Archivos de Twitter, una selección de documentos internos que parecían mostrar que el Twitter pre-Musk había silenciado a algunos usuarios conservadores. Algunos de los documentos incluían los nombres y correos electrónicos de investigadores de desinformación en el «Observatorio de Internet de Stanford», muchos de los cuales eran estudiantes de pregrado en ese momento. Un ex estudiante, que pidió permanecer en el anonimato por temor al acoso, dice que las personas cuyos correos electrónicos terminaron en los Archivos de Twitter han sido objetivos de acoso continuo por su papel en la investigación de la desinformación.
Mientras el mundo observa, lo que está en juego no es solo una batalla legal entre «X» y el CCDH, sino la transparencia, responsabilidad y el futuro del acceso a datos en el ecosistema de las redes sociales. La pregunta sigue siendo: ¿Prevalecerá la libertad de expresión y la privacidad de los datos corporativos?
