En la Unión Europea, los gigantes de Internet ahora enfrentan mandatos más estrictos para combatir contenidos ilícitos y aumentar la transparencia, todo ello respaldado por la posibilidad de imponerles significativas sanciones financieras, conforme a una normativa pionera y sin precedentes a nivel global: la nueva Ley de Servicios Digitales.
«Por primera vez, un conjunto común de normas sobre las obligaciones de los intermediarios y la rendición de cuentas en todo el mercado único abrirá nuevas oportunidades para prestar servicios digitales a través de las fronteras, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección a todos los usuarios, con independencia del lugar donde residan en la UE», se aclara en la página web de la Comisión Europea.
Entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales
La ambiciosa Ley de Servicios Digitales (LSD) entra en vigor en la Unión Europea, afectando a 19 de las principales redes sociales, sitios de comercio electrónico y motores de búsqueda. Entre las empresas afectadas se encuentran gigantes tecnológicos como Google, YouTube, Amazon, Facebook, Instagram, X y TikTok.
La Ley de Servicios Digitales representa un cambio significativo en la regulación de servicios de intermediación en línea. Establece un nuevo conjunto de normas diseñadas para abordar una serie de cuestiones importantes como la proliferación de contenido y productos ilícitos, la protección de los menores y el empoderamiento de los usuarios a través de más opciones e información transparente. Se propone una estructura escalonada de obligaciones, donde las responsabilidades se asignan en función del tamaño, el papel y el impacto del intermediario en el ecosistema digital. De este modo, se busca alcanzar un equilibrio entre la necesidad de una regulación efectiva y la de mantener un entorno favorable para la innovación y el crecimiento empresarial.
«Con la Ley de Servicios Digitales, disponemos ahora de una legislación clara. Las plataformas en línea constituyen el núcleo de algunos de los aspectos clave de nuestra vida cotidiana, nuestras democracias y nuestras economías. Es lógico garantizar que estén a la altura de sus responsabilidades a la hora de reducir la cantidad de contenidos ilícitos en línea y limitar otros perjuicios en línea, así como de proteger los derechos fundamentales y la seguridad de los usuarios», ha declarado Margrethe Vestager, Vicepresidenta Ejecutiva Responsable de Una Europa Adaptada a la Era Digital.
En el caso de las grandes plataformas, particularmente aquellas con más de 45 millones de usuarios, la ley va más allá de las medidas generales y plantea requisitos adicionales. Estas plataformas deberán someterse a evaluaciones anuales exhaustivas para analizar los riesgos asociados con sus servicios, tales como la exposición a contenido ilícito o la difusión de desinformación. Se les exigirá implementar medidas efectivas de mitigación de riesgos, y todo ello estará sujeto a auditorías independientes. El objetivo es aumentar la rendición de cuentas y la supervisión a través de nuevos mecanismos de alerta y transparencia, para garantizar que se cumplan las normativas y que las plataformas sean seguras para los usuarios.
Por otro lado, la Ley de Servicios Digitales ofrece un alivio regulativo a las plataformas más pequeñas y empresas emergentes. Se beneficiarán de un conjunto más limitado de obligaciones, así como de exenciones especiales que les permitirán adaptarse más fácilmente a las normas sin sufrir un peso regulatorio desproporcionado. Este enfoque diferenciado tiene el objetivo de impulsar la claridad y la seguridad jurídicas necesarias para operar en el mercado único de la Unión Europea, facilitando así que las nuevas empresas puedan competir y prosperar en un ecosistema digital cada vez más complejo y competitivo.
El objetivo de la LSD es combatir problemas críticos como la desinformación, el odio en línea, la pornografía infantil y las falsificaciones. Las empresas deberán cumplir con una serie de nuevas obligaciones y directrices, que estarán bajo la supervisión de la Comisión Europea.
Thierry Breton, Comisario Responsable de Mercado Interior de la UE, ha destacado que la Comisión «se prepara rápidamente para asumir su nuevo papel de supervisor de algunas de las empresas tecnológicas más grandes e influyentes del mundo, que millones de ciudadanos y empresas europeas utilizan cada día». Breton ha aclarado que «estas nuevas normas marcan el comienzo de una nueva era, en la que las grandes plataformas en línea ya no se comportarán como si fueran demasiado grandes como para tener que preocuparse».
Las empresas que no cumplan con la nueva normativa podrían enfrentar graves sanciones económicas, que podrían alcanzar hasta el 6% del volumen de negocios mundial de su grupo. Además, en casos de infracciones graves y reiteradas, la sanción podría escalar hasta una prohibición temporal de operar en la Unión Europea.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Los próximos meses serán cruciales para las plataformas en línea y los motores de búsqueda afectados. Deberán adaptarse rápidamente para cumplir con las nuevas regulaciones y evitar sanciones potencialmente severas. Los Estados miembros también tendrán una tarea significativa en el nombramiento y habilitación de coordinadores de servicios digitales para asegurar la aplicación efectiva de la ley.
Por su parte, la Comisión está estableciendo un Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (CETA) con el objetivo de fortalecer su capacidad supervisora a través de expertise multidisciplinario tanto interno como externo. Este Centro brindará asistencia mediante evaluaciones que verificarán si los sistemas algorítmicos de grandes plataformas y motores de búsqueda en línea cumplen con las obligaciones de gestión de riesgos delineadas por la Ley de Servicios Digitales. De esta manera, el CETA busca asegurar un espacio digital que sea tanto seguro como predecible y fiable.
Implicaciones a largo plazo
La entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales marca un punto de inflexión en la forma en que la Unión Europea interactúa con las grandes tecnológicas. No solo impone sanciones económicas significativas, sino que también iguala a estas plataformas con otras entidades reguladas, como las instituciones financieras. Este es un paso audaz que podría cambiar la forma en que las empresas de tecnología operan no solo en Europa, sino en todo el mundo.
Al convertirse en la primera jurisdicción del mundo en regular de esta forma a las plataformas en línea, la Unión Europea está estableciendo un precedente que podría inspirar a otras regiones a seguir su ejemplo. Esto añade una nueva capa de complejidad para las grandes tecnológicas, que hasta ahora habían disfrutado de relativa libertad para dictar sus propias normas.
