Tras la desarticulación por parte de agentes de la Policía de una organización que utilizaba una empresa de seguridad para blanquear dinero, el Observatorio Sectorial de Seguridad Privada ha aclarado su posición al respeto.
El órgano lamenta que el prestigio del conjunto de los profesionales del sector y de las empresas del mismo, caracterizadas por un generalizado estricto cumplimiento normativo, quede injustamente manchado por unas conductas aisladas que, en modo alguno, representan a la seguridad privada en España, que presta un papel esencial colaborador a la seguridad pública del país.
La evaluación del Observatorio Sectorial de Seguridad
El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales FeSMC-UGT, Comisiones Obreras del Hábitat y FTSP-USO, y las organizaciones empresariales ASECOPS y APROSER, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad, ha tenido conocimiento de que la Policía Nacional, según su nota de prensa del pasado día 2 de enero, ha desarticulado una organización presuntamente dedicada al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social por importe superior a los seis millones de euros.
El Observatorio considera que, más allá de las específicas circunstancias que concurren en los hechos descritos, sucesos de estas características denotan la urgente necesidad de una reconsideración radical de los procesos de contratación pública de los servicios de seguridad privada por parte de las administraciones estatal, autonómica y local.
Propuesta de modificación en la normativa
El Observatorio, en la línea de los múltiples previos comunicados transmitidos a los Órganos de contratación y a la opinión pública en general, reitera sus propuestas, ya urgentes, al respecto de una inmediata modificación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Además, destaca la necesidad de publicar el listado de morosos a la Seguridad Social, análoga a lo efectuado anualmente por parte de los organismos tributarios. Otro punto a analizar, según el Observatorio, es el desarrollo reglamentario de los Certificados de la TGSS y la efectiva aplicación del artículo 62.1 de la LCSP, con el nombramiento obligatorio de un responsable del contrato.
