FES-UGT, FTSP-USO, Aproser y Asecops han emitido un comunicado en el que muestran su rechazo a las medidas del proyecto de Ley de Medidas Contra el Fraude encaminadas a limitar las cantidades de los pagos en efectivo, y que por su interés aquí reproducimos.
«El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada adoptó los pasado meses diversos posicionamientos sobre la necesidad de preservar el efectivo como medio de pago. En particular, el 29 de junio mostró su disconformidad sobre la propuesta debatida en el seno de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, que explícitamente aludía a la conveniencia de la progresiva supresión de este medio pago.
Afortunadamente, esa propuesta fue matizada por el Grupo Socialista proponente, y derivó en la adopción de un posicionamiento más entendible como punto de partida para un debate más fundamentado al aludir a una reducción de los límites de utilización del efectivo como objetivo a largo plazo, de forma gradual, consensuada, y coordinada en el marco de la Unión Europea», señala el comunicado
«Sin embargo, el pasado mes de octubre, frente a este planteamiento de un objetivo de reducción de los límites al efectivo a largo plazo, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley para luchar contra el fraude fiscal, convertido en proyecto de Ley que se encuentra en la actualidad en tramitación en la Comisión de Hacienda en el Congreso».
El texto añade que «La redacción del proyecto de Ley, de acuerdo con la cual se proponía una reducción de los límites de pago de 2.500 a 1.000 euros para la inmensa mayoría de las operaciones ya suponía un importante nuevo ataque a la consideración del efectivo como medio de pago, al carecer de justificación alguna sobre la supuesta vinculación entre el efectivo y el fraude fiscal».
«No obstante, en el curso de las enmiendas presentadas al mismo, se ha constatado cómo algunas formaciones políticas (en particular ERC, MP y PSOE) han endurecido significativamente el alcance de dicha medida al incluir en su ámbito de aplicación todas las operaciones realizadas por las personas físicas que quieran pagar con efectivo bienes o servicios por valor superior a 1.000€. Una medida completamente contraria al objetivo al que aludía explícitamente la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de excluir de su ámbito de aplicación a los particulares “para minimizar los efectos colaterales de la medida en las pequeñas economías domésticas».»
«Desde nuestro total respaldo al espíritu de la propuesta -recoge el comunicado- y con el objetivo contribuir en la erradicación de la economía sumergida, consideramos que esta propuesta no tiene sentido que se incluya dentro de un marco para la mejora del sistema tributario, máxime cuando, por una parte, no existe ningún estudio fundamentado al respecto, y, por otra, porque la experiencia de los países de nuestro entorno no demuestra que exista una vinculación directa entre los porcentajes de utilización del efectivo y los niveles de economía sumergida»
Se trata de una propuesta, explica en el documento que «se encuadra, de hecho, en el contexto de una insistente y continua ofensiva de discriminación, exclusión y demonización del único sistema público de pago, y que se acomete en plena crisis económica y sanitaria. Con un número de personas en situación de paro (3.900.000), jubilación (8.900.000), pobreza/exclusión social (12.000.000), en tránsito de ERTE a ERE (740.000) o autónomos con cese de actividad (430.000) no parece un buen momento».
En este escenario, las Organizaciones firmantes recuerdan que cualquier propuesta o medida que pueda conducir a la discriminación negativa del efectivo entre los medios de pago al alcance de los ciudadanos, en este caso el medio de pago más utilizado, y que además comporte adversos efectos en el consumo y en la cantidad y calidad del empleo directa o indirectamente relacionado, tiene consecuencias muy desafortunadas, queriendo señalar que, entre otros impactos negativos:
- Incide de forma muy directa en los colectivos más desfavorecidos de la sociedad cuyo nivel de bancarización es muy inferior, y que dependerían para los actos de su economía doméstica de la decisión de las entidades bancarias o de los grandes proveedores de Internet.
- Afecta en gran medida a los casi 9 millones de pensionistas, de los que más de 2 millones no viven acompañados, y que desde siempre realizan sus pagos y operaciones comerciales de forma muy mayoritaria mediante dinero físico.
- Impacta frontalmente en la competitividad de los pequeños comercios que, en una situación ya de por sí especialmente crítica, se verían obligados a realizar inversiones adicionales en plataformas de pago. El comercio de proximidad podría perder un importante volumen de clientes, además, en la actual situación de crisis económica y sanitaria, sin alternativas, ni recursos, ni el tiempo necesario.
- Condiciona la libertad de aquellos ciudadanos que legítimamente no quieren asumir los costes adicionales que implica tener y mantener una tarjeta bancaria, de quienes atribuyen una especial relevancia a su privacidad o de quienes controlan de forma más eficiente su economía familiar mediante el uso del efectivo. Discriminar negativamente el efectivo supone más coste y menos control del gasto para las familias, más monitorización de su vida y tener más deudas con los bancos.
- Y, en definitiva, significa allanar el camino para una futura eliminación total del único medio de pago público, un trato de favor hacia las grandes multinacionales de medios de pago digital y acelerar la completa privatización de este ámbito de actividad.
Por lo anteriormente apuntado, se solicita que:
En la línea de lo acordado en sede parlamentaria el pasado mes de julio, la adopción de límites más estrictos a la utilización del efectivo sea llevada a cabo, en su caso, de forma coordinada con la Unión Europea y gradualmente en el tiempo.
Y, de cualquier manera, que de mantenerse los términos del proyecto de ley, lo haga en la versión adoptada por el Congreso de los Diputados al respecto de la exclusión de su ámbito de aplicación de las operaciones realizadas por los particulares en su condición de pagador de las operaciones comerciales.
