El Defensor del Pueblo reclama más sistemas de videovigilancia en las cárceles

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido a Instituciones Penitenciarias la instalación de sistemas de videograbación en las celdas de inmovilización y lugares donde habitualmente se practican cacheos, para “reforzar las garantías, tanto desde la perspectiva del interno como de la del funcionario que pudiera ser injustamente acusado de un comportamiento incorrecto”.

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Según el Informe Anual 2018, las quejas más frecuentes son las relativas a traslados (210), aspectos higiénico-sanitarios y alimenticios (141) y comunicaciones (81), quejas y actuaciones de oficio, malos tratos (55), fallecimientos (44), solicitudes de información (50), separación interior y clasificación (47) y permisos de salida (40).

El Defensor del Pueblo considera que el primer deber de la Administración penitenciaria es preservar la vida e integridad de los internos. Por ello, dedica especial atención a los fallecimientos, dentro de éstos a los suicidios, y a los malos tratos.

En esta materia, la Institución reclama la elaboración de una normativa sobre la captación, grabación, transmisión, conservación, almacenamiento, extracción y puesta a disposición de imágenes captadas mediante videovigilancia. “La instalación, uso y aprovechamiento de los sistemas de videovigilancia, constituye un medio para la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad que pueden ser vulnerados durante su estancia en prisión, además de constituir un medio también eficaz para el esclarecimiento de denuncias espurias contra funcionarios penitenciarios”.

Asimismo, señala como prioritaria la instalación de sistemas de videograbación en las celdas de inmovilización, y en los lugares en los que habitualmente se practican cacheos a los internos. “También es necesario que, aparte de las grabaciones en los lugares citados, sea posible visualizar el tránsito de las dependencias en las que se producen los desplazamientos de los internos que están siendo o van a ser sometidos a medidas coercitivas”.

Como buen ejemplo de la utilidad de los sistemas de videovigilancia, el Defensor del Pueblo cita el ejemplo de una investigación interna abierta a dos funcionarios del Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña) por la utilización excesiva de fuerza contra un interno. Junto a este informe, al parecer, fueron remitidas grabaciones correspondientes al sistema de videovigilancia interior de la cárcel, en las que se constataba cómo dos funcionarios de prisiones golpeaban en las piernas y el cuello al recluso, sin motivo aparente.

En el caso contrario, señala la queja por malos tratos en el Centro Penitenciario de Palma de Mallorca, cuya denuncia penal dio lugar a un procedimiento judicial contra funcionarios, que fue provisionalmente sobreseído. “Pese a existir cobertura de videovigilancia en alguna de las zonas por las que sucedieron los hechos, la falta de normas relativas a la conservación de las grabaciones de estos sistemas, tantas veces reclamadas por esta institución, impide disponer de ellas y, en consecuencia, conocer cómo se desarrollaron al menos parte de aquellos hechos”.

Imágenes: Shutterstock / Konstantin Yolshin