Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y los distintos cuerpos de policía local) registraron en 2020 287.963 hechos presuntamente delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que supone un incremento del 31,9 % con respecto al 2019.
Los datos contabilizados desde 2016 confirman que la ciberdelincuencia es un fenómeno en crecimiento y que aumenta progresivamente su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad. En 2016, los más de 92.000 hechos detectados supusieron el 4,6 % del total de los delitos, mientras que los 288.000 ciberdelitos denunciados en 2020 representaron el 16,3 %. Las cifras están recogidas en el VIII Informe sobre Cibercriminalidad elaborado por la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y pueden consultarse en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
Del total de ciberdelitos conocidos, el 89,6 % (257.907) fueron fraudes informáticos (estafas). A mucha distancia le siguieron las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet (14.066 casos), que representan un 4,9 %.
El informe señala que el perfil del ciberdelincuente es un hombre (73,3% de los detenidos o investigados), de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, presuntamente implicado en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales. Desde el punto de vista geográfico, la distribución de la ciberdelincuencia sitúa a Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunitat Valenciana entre las comunidades autónomas que concentran más infracciones penales.
A lo largo del año 2020, se reportaron también 861 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas, un 5,2 % más respecto al año anterior, de acuerdo con la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE). Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del de transporte (24,08%) y el de la energía (14,05%).
Plan estratégico contra la cibercriminalidad
El incremento progresivo de los ciberdelitos impulsó este año la creación del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, con el objetivo de potenciar las capacidades para combatir esta modalidad delictiva. Aprobado por el Comité Ejecutivo de Coordinación (CECO) del Ministerio del Interior el pasado 18 de febrero, el plan dotó al departamento de los recursos necesarios para hacer frente a la ciberdelincuencia en cinco áreas: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.
En el diseño del plan, dirigido por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), participaron responsables, especialistas, autoridades y expertos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, las policías autonómicas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, el CCN-CERT y el INCIBE-CERT, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y otras instituciones privadas.
