Marta Suru, Abogada
Eduard Blasi, Abogado y Profesor en Univeridad Oberta de Catalunya (UOC)
La tecnología biométrica (como el sensor de huella digital) lleva varios años en nuestra sociedad. Sin embargo, el avance tecnológico ha abierto nuevos horizontes para la tecnología biométrica, especialmente en el reconocimiento facial, que tras años de maduración parece haberse hecho un lugar firme en nuestra sociedad.
La utilización de dicha tecnología se encuentra generalizada tanto en el sector público como privado. En lo que respecta al sector público, numerosos países como Estados Unidos, Rusia, la India o, de forma más incisiva, China, utilizan dicha tecnología con el objetivo de incrementar la seguridad en sus respectivos países.
Con el reciente oleaje en el uso de esta tecnología, no es de extrañar que Europa también haya dado un paso al frente y durante el mes de abril de 2019 aprobara la creación de una base de datos biométricos, de entre los que se encontraba el tratamiento de rostros mediante reconocimiento facial. En la misma línea, a principios de 2020, Londres anunció que comenzaría a implementar el sistema de reconocimiento facial «en vivo», en algunas calles de la ciudad con fines de seguridad.
En cuanto al sector privado, algunas grandes corporaciones como Google, Facebook, Apple, Amazon, entre muchas otras, también utilizan dicha tecnología para finalidades que van desde la seguridad hasta la mejora de la experiencia del usuario de un servicio en sus distintas variantes, permitiendo, a modo de ejemplo, la realización de pagos a través de un smartphone mediante dicha tecnología, el etiquetado automático de fotografías en una red social, la mejora en la agilidad de algunos trámites, etc.
A pesar de las numerosos e indiscutibles ventajas que ofrece esta tecnología, el grado y detalle de información que ofrece el reconocimiento facial acerca de una persona, y las finalidades para las que se utiliza este sistema, ha vuelto a abrir el eterno debate entre seguridad y privacidad.
La tecnología de reconocimiento facial no debe ser percibida per se como intrusiva o desproporcionada. Hay muchas funcionalidades en materia de seguridad, como su uso para el desbloqueo de un móvil como control de acceso en lugares de alta seguridad, que no generan ningún tipo de debate ético.
El problema generalmente llega cuando uno no es consciente del uso del reconocimiento facial por la falta de transparencia, cuando dicha tecnología no contempla medidas de seguridad adecuadas al tipo de tratamiento, o incluso, cuando por medio de la misma, se pretende obtener datos comportamentales de los usuarios (como la expresión del rostro al ver un artículo o evento) sin ofrecer suficientes garantías.
Es por ello, que el gran reto de los legisladores consistirá en poder regular esta tecnología, tratando de no sesgar el desarrollo natural de las sociedades y preservando a su vez los derechos y libertades de los ciudadanos. En estos primeros avances legislativos de esta tecnología, encontramos que el estado de California ya ha elaborado la primera regulación al respecto y ha aprobado prohibir el uso del reconocimiento facial través de cámaras, en espacios públicos del Estado.
En lo que respecta a la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la creación de una base de datos biométricos, que abre la puerta al uso de esta tecnología para la identificación de ciudadanos dentro de la UE así como de aquellos que pretendan ingresar al espacio Schengen, con finalidades de seguridad y de persecución del terrorismo. Con una posición menos conservadora y garantista, en el continente asiático, China realiza un uso extendido en varias de sus ciudades y pretende aumentar su uso en los espacios públicos para controlar la conducta de los ciudadanos.
Ante este escenario variopinto, vemos como el uso del reconocimiento facial ha llegado a nuestra sociedad para quedarse. Lo cierto es que nos encontramos en una fase inicial donde los legisladores europeos se encuentran ante un nuevo reto de regular una tecnología vanguardista, tratando de facilitar el desarrollo y evolución natural de las sociedades, sin que ello conlleve renunciar una vez más, a cierta parcela de privacidad en beneficio de los poderes públicos.
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