Más de 100.000 viviendas se encuentran ‘okupadas’ en nuestro país. Madrid y Barcelona encabezan el ranking de viviendas okupadas con 2.653 inmuebles en la capital y 869 en la Ciudad Condal. En Madrid ciudad, la mayor problemática la presentan los distritos del sur: Usera (504), Puente de Vallecas (438), Carabanchel (256) y Villa de Vallecas (214). La otra cara de la moneda la presentan los barrios más ricos: Chamberí (4), Retiro (6) y Salamanca (9).
Más de 87.000 familias se encuentran okupando viviendas en España. Una cifra
equivalente a 262.500 personas, población similar a la de La Coruña.
El estudio realizado por Grupo VPS analiza los efectos que el fenómeno de la okupación tiene sobre las personas y las ciudades, laproliferación de las mafias que negocian con estas viviendas y el riesgo para el resto devecinos que residen legalmente y que, en muchos casos, han de hacer frente al pago de los enganches de luz y agua que realizan los okupantes.
El miedo a ser okupado ha hecho que dichas instalaciones hayan crecido más del doble en los últimos años. Óscar Aragón, Director General de VPS, asegura que son las grandes capitales las zonas más golosas para los okupas cuyo perfil además ha cambiado. “Nos encontramos cada día con problemas en chalets y urbanizaciones de lujo. El okupa ya no es una familia sin recursos. La lacra son las mafias que proliferan en este negocio de la okupación ilegal”.
Sólo en Madrid se han contabilizado 3.918 viviendas okupadas desde enero de 2018.
“Los procesos son tan largos y a veces tan poco efectivos que los afectados prefieren
pagar en B al okupa para que se vaya de su casa”, señala José Fuster Director Comercial
y de Marketing de Grupo VPS. Fuster ha querido advertir del efecto llamada que puede
generar la nueva Ley del Desahucio Exprés que entró en vigor el pasado mes de julio y
cumple tres meses.
La nueva norma, que protege a los propietarios, excluye a las personas jurídicas lo que evita que bancos, cajas de ahorro y fondos buitre puedan acudir a ella. “Creemos que éste puede ser el resquicio que aprovechen las mafias para okupar un amplio parque de inmuebles como es el de los pisos de fondos buitre y bancos”.
Servicios de vigilancia, reparación, mediadores, policía, limpieza… Son algunos de los
gastos que las administraciones locales y autonómicas tienen que asumir cuando se
okupa de forma ilegal una vivienda. Se estima que, por ejemplo, la Comunidad de
Madrid ha gastado en 5 millones de euros en tan sólo dos años para resolver conflictos
derivados de la okupación ilegal.
