Los bienes, tanto materiales como inmateriales, acumulados a lo largo del tiempo constituyen un legado a las futuras generaciones que hay que preservar. En esa batalla se afanan tanto la seguridad pública como la privada. Solo en 2016, la Fiscalía General del Estado incoó 83 diligencias de investigación, un 55% más que las 52 formuladas en 2015. Una labor que también necesita de la concienciación de la sociedad, un objetivo en el que se va avanzando, según los expertos.
¿Alguien puede calcular el valor de La Dama de Elche, el yacimiento celtíbero de Numancia, la Alhambra, el Escorial, las cuevas de Altamira, el coto de Doñana, los incunables de la biblioteca antigua de la Universidad de Salamanca o las obras del Museo del Prado?
Estos son solo algunos ejemplos de las piezas que conforman el joyero del patrimonio histórico español. No solo abarca obras de arte, sino también bienes bibliográficos, arqueológicos, científicos o espacios naturales que constituyen un tesoro acumulado a lo largo de los siglos por las generaciones pasadas y que debemos conservar para legarlos a las que están por venir.
Ese incalculable valor las convierte en elementos siempre en perpetua amenaza. Unas veces por la avaricia de quienes quieren apropiarse ilícitamente de lo que es una riqueza común y otras simplemente por el descuido o desconocimiento de quienes acaban dañando lo que ha costado tanto esfuerzo crear y mantener. La lucha por la preservación del patrimonio histórico tiene varias vertientes. La más importante es la prevención.
Cuando eso no basta llega la acción de la Justicia. En este sentido es vital la acción de la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para investigar y perseguir los delitos contra el patrimonio histórico en sus distintas modalidades, como el robo, el deterioro, la destrucción o el expolio, entre otros.
Más diligencias de investigación
Según los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2016, se incoaron 83 diligencias de investigación por presuntos delitos contra el patrimonio histórico, un 55% más que las 52 de 2015. Si nos fijamos en los procedimientos judiciales emprendidos, el Ministerio Público computó 220 durante el año pasado, lo que supone un descenso del 62% sobre los 528 registrados en el ejercicio anterior.
A pesar de ese significativo descenso en el número de procedimientos judiciales que se pusieron en marcha en el pasado ejercicio, se registró una mínima caída de los escritos de acusación presentados, de 31 a 30 en el periodo mencionado.
El resultado final de la acción del Ministerio Fiscal se tradujo en un incremento de las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales de justicia, al pasar de las 16 de 2015 a las 21 emitidas el año pasado. Por contra, las sentencias absolutorias descendieron de las 11 fallos en este sentido de 2015 a los solo 4 de un año después.
Si ponemos la vista en el año judicial de 2017, a falta de datos oficiales, las hemerotecas recogen casos a lo largo de toda la geografía nacional. Por citar solo algunos de los más recientes, nos encontramos el del empresario y el arquitecto condenados por demoler un edificio del siglo XVIII en Vegadeo (Asturias), las tres personas procesadas por taladrar La Alcazaba de Almería para montar un escenario o los enjuiciados por expoliar los cascos celtíberos de la localidad zaragozana de Aranda de Moncayo.
Lea el reportaje íntegro en la revista CUADERNOS DE SEGURIDAD.
