El viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Zubiaga, asegura que “el proyecto de ley tiene importantes lagunas e indefiniciones, tanto en el ámbito competencial como en la regulación de materias de gran trascendencia social”
En un minucioso análisis que se publicará en el próximo número de CUADERNOS DE SEGURIDAD (núm. 280, julio 2013), el viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Zubiaga, valora el proyecto de la nueva Ley de Seguridad Privada lamentando que «la elaboración de este proyecto de ley no haya contado con la participación de Comunidades Autónomas, como la de Euskadi, que vienen ejerciendo desde hace décadas atribuciones en esta materia, cuya contribución podía haber evitado algunas discordancias que existen en el texto resultante».
Aunque reconoce que el proyecto de ley mejora parcialmente la redacción de las primeras versiones del anteproyecto, «en las que se mermaban sustancialmente competencias que la Comunidad Autónoma de Euskadi venía ejerciendo pacíficamente», el viceconsejero vasco señala que «el proyecto sigue pecando de graves imprecisiones que generarán conflictos, sobre todo cuando augura una posible duplicidad autonómica y estatal e inspección de las empresas de seguridad autorizadas por la Administración estatal en el art. 12.1.j)». En su opinión, «se podría resolver más sencillamente apelando a que fuesen las comunidades autónomas encargadas de velar por la inspección de las actividades de seguridad privada las que realizasen la inspección y comprobación, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera recaer la responsabilidad de sancionar en la Administración estatal autorizante».
Además de aclarar la posición del Gobierno Vasco en otros aspectos del proyecto de ley, como la habilitación o la externalización de los servicios de seguridad, Zubiaga admite que el proyecto de ley presenta aspectos novedosos interesantes. Entre otros aspectos positivos en el proyecto señala «el énfasis en la formación del personal de seguridad privada y la posibilidad de su formación reglada; los requisitos de titulación superior para detectives y directores de seguridad; la mejor definición y diferenciación entre Directores de Seguridad y Jefes de seguridad; la nueva regulación sobre los servicios de investigación privada; así como la regulación de la colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública.
Pero, igualmente, destaca su «afán recentralizador», así como importantes lagunas e indefiniciones, tanto en el ámbito competencial como en la regulación de materias con una gran trascendencia social, y confía en que estos aspectos se puedan ir corrigiendo durante su tramitación parlamentaria.
(En el número 280 de CUADERNOS DE SEGURIDAD (mes de julio), se publican las valoraciones íntegras de los principales representantes del sector).
