La Comisión Europea ha presentado sus propuestas para reformar el mercado de pagos de la UE, lo que representa una actualización de la PSD2 que se convertirá en PSD3 una vez aprobada. El objetivo de estas propuestas es modernizar el sector de pagos y el sector financiero en general, alineándolos con la era digital.
Estas nuevas reglas buscan fortalecer la protección del consumidor y fomentar la competencia en los pagos electrónicos, al mismo tiempo que permiten a los usuarios compartir sus datos de manera segura para acceder a una amplia gama de productos y servicios financieros más eficientes y económicos. Estas propuestas ponen en el centro de atención los intereses de los consumidores, la competencia, la seguridad y la confianza.
«Las propuestas establecen condiciones estrictas sobre derechos y obligaciones para el intercambio abierto de datos con el fin de proteger la intimidad y dar pleno control a los clientes sobre el acceso a sus datos y el uso que se hace de ellos», ha destacado Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario europeo del Euro y de Diálogo Social.
Antecedentes y marco normativo
La propuesta cumple un compromiso clave de la Estrategia de Pagos Minoristas 2020 de la Comisión Europea, teniendo en cuenta la evolución del mercado y fomentando el desarrollo de los pagos instantáneos en la UE. En este sentido, complementa la propuesta del Reglamento de la Comisión de 2022 para poner los pagos instantáneos en euros a disposición de todos los ciudadanos.
Paralelamente, la propuesta de acceso a los datos financieros contribuye al compromiso establecido en la Estrategia de Finanzas Digitales 2020 de crear un espacio europeo de datos financieros.
«En conjunto, esta iniciativa del sector financiero encaja en la estrategia europea de datos más amplia y se basa en los principios clave para el acceso a los datos y su tratamiento establecidos en las iniciativas que la acompañan, como la Ley de Gobernanza de Datos, la Ley de Mercados Digitales y la propuesta de Ley de Datos», se aclara en la nota de prensa de la Comunidad Europea.
Pagos digitales y fraude en la UE
El lanzamiento de la PSD3 sigue al continuo crecimiento de los pagos digitales y electrónicos en toda la UE, una tendencia catalizada por la pandemia de Covid-19. En efecto, los pagos electrónicos en la UE han aumentado constantemente, alcanzando un valor de 240 billones de euros en 2021, frente a 184,2 billones de euros en 2017. Siendo por ejemplo uno de los emergentes sistemas de pago para restaurantes, un servicio que todos usamos a menudo.
La Comunidad Europea informa en su nota de prensa que se han introducido nuevos proveedores en el mercado, «en particular prestando servicios de banca abierta, es decir, compartiendo de forma segura datos financieros entre bancos y empresas de tecnología financiera» y que, al mismo tiempo «han aparecido tipos de fraude más sofisticados, que ponen en peligro a los consumidores y afectan a la confianza».
Las medidas del PSD3 frente al fraude
La Comisión Europea reconoce que ha surgido un aumento en los fraudes, lo que pone en riesgo a los consumidores y socava la confianza en el sistema. Para hacer frente a este nuevo panorama, se han propuesto dos conjuntos de medidas, para garantizar que «el sector financiero de la UE sea adecuado y capaz de adaptarse a la transformación digital en curso y a los riesgos y oportunidades que presenta».
En primer lugar, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la actual Directiva de Servicios de Pago (PSD2), que evolucionará hacia la PSD3, y se establecerá un nuevo Reglamento de Servicios de Pago (PSR). Estas medidas tienen como objetivo combatir y mitigar el fraude en los pagos, permitiendo que los proveedores de servicios de pago compartan información sobre posibles fraudes, fortalecer la concienciación de los consumidores, mejorar las reglas de autenticación de los clientes y ampliar los derechos de reembolso para aquellos consumidores que sean víctimas de fraude, entre otras medidas.
Además, se propone ampliar el derecho a la indemnización, de manera que los clientes sean compensados si falla la verificación y tengan la posibilidad de recuperar la totalidad de su dinero en caso de suplantación de identidad, siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones, como presentar una denuncia a las autoridades competentes o no haber incurrido en una «negligencia grave», como caer repetidamente en la misma estafa.
Asimismo, se busca mejorar la transparencia en lo que se refiere a los cargos asociados con los retiros de efectivo en cajeros automáticos y los tipos de cambio aplicados a las transferencias fuera de la Unión Europea. También se pretende agilizar el desbloqueo de fondos retenidos y garantizar que las cantidades retenidas sean proporcionales al costo final esperado.
Protección de los derechos de los consumidores
En el marco de las medidas del PSD3, se ha presentado una segunda propuesta para regular el acceso a los datos financieros de los usuarios. En este ámbito, se establece que los bancos deben compartir esta información con otras instituciones financieras y fintech, siempre y cuando el cliente brinde su consentimiento expreso para ello.
Dicha medida implicará un fortalecimiento de las normas de acceso a los datos financieros, garantizando la protección de la privacidad y la seguridad de los consumidores.
«En la creciente economía de datos de la UE, cada interacción en las finanzas genera nuevos datos. Por lo tanto, es vital que los consumidores europeos sigan siendo los que controlan sus pagos y decidan con quién compartir estos datos para poder disponer de productos nuevos e innovadores», ha destacado Mairead McGuinness, Comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales.
Acceso a nuevos servicios financieros
En paralelo a la protección de los derechos de los consumidores, la propuesta tiene como objetivo promover una mayor diversidad de proveedores de servicios de pago en el mercado. Se busca igualar aún más el terreno de juego entre bancos y entidades no financieras, permitiendo que los proveedores de servicios no bancarios accedan a todos los sistemas de pago de la Unión Europea, siempre y cuando cumplan con las garantías adecuadas y se asegure el acceso a una cuenta bancaria.
La Comisión Europea también busca mejorar el funcionamiento de la banca abierta, eliminando los obstáculos que aún existen para brindar servicios bancarios abiertos y mejorando el control que los clientes tienen sobre sus datos de pago. Esto permitirá la entrada de nuevos servicios innovadores al mercado financiero.
«Los procesos antes engorrosos, como los servicios de comparación o el cambio a un nuevo producto, serán más fluidos y baratos, incluida, por ejemplo, la tramitación automatizada de las solicitudes de hipotecas. Las PYME también podrán acceder a una gama más amplia de servicios y productos financieros, como préstamos más competitivos gracias a un acceso más fácil a sus datos de solvencia», informa la Comisión Europea.
