El estado del fraude y la ciberseguridad en España

Durante la quinta edición del Congreso Antifraude organizado por la World Compliance Association, se ofrecieron datos relevantes sobre la situación del fraude con criptomonedas en España.

Ciberseguridad en España
Ciberseguridad en España

En la nueva edición del Congreso Antifraude, celebrado el 7 de noviembre en Madrid y organizado por la World Compliance Association junto con la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF) y la Fundación Universitaria Behavior & Law, se otorgó información importante sobre ciberseguridad en España, para comprender las amenazas y fortalecer la capacidad de respuesta.

Entre los ponentes intervinieron Álvaro Sevilla, Teniente de la Jefatura de Información y Responsable de las Investigaciones de Financiación del Terrorismo, y Adolfo de la Torre, Inspector Jefe de la Policía Nacional. Acudieron también Jaime Aneiros Pereira, Profesor Titular de la Universidad de Vigo, y Javier Hurtado Puerta de la Dirección General del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

El estado del fraude y la ciberseguridad en España

Según aclara el INCIBE, en 2021 se gestionaron unos 105.000 incidentes de ciberseguridad, que afectaron tanto a particulares como a empresas en España.

Cesar Gilmartín, Director técnico de la Asociación Española de Empresas contra el Fraude, presentó las conclusiones del estudio anual sobre fraude. El 73% de las respuestas llegaron de los departamentos de fraude, apuntando a una tendencia consolidada en la creación de estas áreas independientes dentro de las empresas. Además, el estudio destacó a Cataluña (en un 40%) como principal foco de fraude, seguida por Madrid, Valencia y Andalucía.

De contar con 12 exchanges centralizados registrados en el Banco de España, se ha pasado en poco tiempo a 45, como afirmó Álvaro Sevilla, Teniente de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Los exchanges descentralizados no están regulados, así como las wallet crean brechas en la seguridad.

El estafador puede actuar de forma anónima, llegando a muchas posibles víctimas y dificultando a nivel informático la acción de los Cuerpos de Seguridad para seguir la trazabilidad de las criptomonedas.

Conferencia sobre ciberseguridad en España
Conferencia sobre ciberseguridad en España

Normativa en materia de criptomonedas

Durante el congreso se habló del plan de medidas antifraude en fase de desarrollo dentro del marco de los Fondos Europeos Next Generation, al mismo tiempo que se evidenció el vacío legal en materia de criptomonedas.

Los criptoactivos tienen una presencia cada vez mayor, que supone retos en al ámbito de la protección de los inversores. Sin embargo, actualmente no existe una regulación que responda a los riesgos que pueden traer estos activos.

El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, introdujo un nuevo artículo 240 bis en la Ley del Mercado de Valores (LMV) para reforzar el marco legal de protección de los ciudadanos e inversores. En particular, se otorgan a la CNMV competencias con el fin de sujetar a control administrativo la publicidad de criptoactivos. En este sentido, la CNMV publicó a principios de este año una Circular de Criptoactivos, que obliga a una revisión de cualquier campaña masiva de más de 100.000 destinatarios.

La técnicas de estafa y sus consecuencias

En el Congreso Antifraude los expertos explicaron de forma didáctica como se organiza el fraude con criptomonedas. Se puso el acento sobre técnicas concretas, como el sistema puff and down, por medio del las cuales los estafadores anónimos llegan a muchas posibles víctimas.

Adolfo de la Torre, investigador especializado en delincuencia económica, precisó información sobre el perfil del estafador, que suele corresponder a una personalidad encantadora que racionaliza el delito.

A conclusión de la jornada, Juan Carlos Galindo expuso varios casos reales de estafas en las redes sociales y subrayó que más de un millón de personas son estafadas anualmente en España, entre las que solo el 25% denuncia el delito, llegando a enjuiciar en 2021 menos del 1,8%.