Durante 2021 España registró 305.477 delitos informáticos, lo que supone un aumento del 6,1% con respecto al año anterior. De esta cifra, una amplia mayoría, el 87,4% corresponde a ciberestafas, mientras que un 5,7% concierne amenazas y coacciones. Así se desprende del Informe sobre la cibercriminalidad en España 2021, publicado recientemente por el Ministerio del Interior, que destaca que el conjunto de la cibercriminalidad representa el 15,6% del total de las infracciones penales, un porcentaje inferior al 16,3% del 2020, año con connotaciones especiales por todo lo
relacionado con la pandemia generada por la Covid-19, como puntualiza el documento.
En relación a las personas detenidas e investigadas, el número ascendió a 13.801, un 22,3% más que en 2020. En este sentido, los detenidos fueron sobre todo hombres (71,3%) que cometieron fraudes informáticos y delitos de amenazas, coacciones o sexuales. Las mujeres, sin embargo, estaban vinculadas a las mismas tipologías de delitos excepto a la última, sustituida por falsificaciones informáticas.
Ciberdelitos
La mayoría (79,3%) de los detenidos e investigados por ciberdelincuencia eran españoles. Marruecos (2,9%), Rumanía (2,1%) y República Dominicana (1,9%) fueron los países de procedencia extranjeros más destacados.
En lo referente a las víctimas, los datos que han sido registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, contabilizan a un total de 240.000 víctimas, lo que supone un 11,4% más que en el 2020. El 51,9% de las personas afectadas por la ciberdelincuencia pertenecen al sexo masculino, tienen entre 26 y 40 años, y son objeto, principalmente, de ciberestafas, amenazas y coacciones, y falsificación informática, según destaca el informe.
Por otro lado, los principales ciberdelitos fueron las estafas, las amenazas y la usurpación de estado civil. Sin embargo es el fraude informático el que más destaca en todos los grupos de edad (excepto en los menores). Sobre todo desde los 26 años, y especialmente en los mayores de 65.
Además, sobre la nacionalidad de las víctimas, el informe determina que el 87,5% de ellas son españolas y el 12,5% restante de nacionalidad extranjera. En este caso, son mayoría las procedentes de Marruecos, Rumanía y Colombia.
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