Las catástrofes naturales, en las que se ven afectadas las actividades empresariales e industriales, al sufrir daños las instalaciones, incluidas las de Protección contra Incendios (PCI), requieren una intervención rápida para evitar daños colaterales que impidan reabrir la actividad con seguridad para empleados y bienes. El paso de Filomena por España ha impactado fuertemente en las empresas. Según las primeras evaluaciones de daños, facilitadas por el seguro, en todas las empresas de la industria, ha habido un incremento de siniestros atendidos, partes abiertos o contactos con la aseguradora por parte del cliente. Los siniestros han aumentado hasta un 40% en este primer análisis de daños de las aseguradoras.
A ello hay que añadir que, en buena parte de los establecimientos industriales, se ha visto afectada la edificación, al ceder tejados y paredes, que han dañado otras instalaciones como las de protección contra incendios (PCI). Es muy importante antes de reanudar las actividades de una industria que el personal especializado en el mantenimiento de las instalaciones de PCI revise las mismas y, si es necesario, solvente los daños para que el sistema esté operativo al cien por cien una vez se reinicia la actividad. Esta revisión del sistema de PCI y la sustitución del material dañado, si procede, se tramitará por los cauces legales al declararse la zona catastrófica.
Declaración zona catastrófica
En primer lugar, tras la tormenta que ha afectado al país, el Gobierno debe hacer la declaración de zona catastrófica, paso previo para la solicitud de ayudas, por parte de las administraciones públicas afectadas por la emergencia, comunidades autónomas y ayuntamientos o los particulares.
La puesta en marcha de las ayudas, una vez se entra en fase de recuperación, está regulada por la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, tras la declaración de zona catastrófica o «Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil», por parte del Gobierno.
La declaración, de la que se beneficiarán las empresas de áreas como Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía, contempla desde exenciones fiscales a ayudas directas.
La Ley de Protección Civil estipula varias medidas tasadas para los afectados por una emergencia. Se trata de ayudas económicas a particulares, compensación a los Ayuntamientos por los gastos derivados de actuaciones inaplazables ―retirada de vehículos o de cubiertas, limpieza de calles… ―; ayudas a particulares o empresas que hayan realizado prestaciones personales o de bienes ―cesión de maquinaria, empleados que ayudan a tareas de retirada de nieve ―; ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; subvenciones por daños en infraestructuras; ayudas por daños en producciones agrícolas, forestales…
Por otro lado, también se pueden establecer líneas de préstamo subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO); dejar de pagar impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI) o reducir el pago de otros como los aplicados a actividades económicas; establecer moratorias en el pago de las cuotas a la Seguridad Social o suspender contratos, siempre y cuando no haya otra alternativa.
Ayudas fiscales
Las empresas que hayan sufrido daños en sus explotaciones, fábricas, establecimientos o locales y hayan tenido que ser reubicados en otros hasta que fueron reparados podrán solicitar la exención del impuesto de bienes inmuebles (IBI).
Los empresarios e industriales también podrán pedir la reducción del impuesto de actividades económicas (IAE) por los daños causados a sus instalaciones. La reducción irá desde el día en el que se produjo la catástrofe hasta el día en que quedaron listas de nuevo para su uso.
Seguros
El Consorcio de Compensación de Seguros, por su parte, tiene el compromiso de atender a toda persona o bien que esté asegurado y haya quedado afectado. Ya sea un coche, una casa, un local comercial, una fábrica, etc. Esta atención es automática y completamente independiente al hecho de que, ante los daños generales, la Administración decida declarar un territorio como zona catastrófica y conceder algún tipo de ayuda o subvención pública.
Por lo tanto, los asegurados podrán tramitar sus reclamaciones al Consorcio de manera independiente de las acciones que adoptará la Administración sobre el territorio.
Los daños a reclamar pueden ser personales, o los sufridos en bienes y propiedades. Si la póliza los incluye, también se cubre la pérdida de beneficios. Por ejemplo, cuando una nevada impide trabajar a una empresa durante unos días.
Daños en las instalaciones de PCI
La tormenta Filomena ha dejado a centenares de industrias y empresas dañadas, cubiertas, paredes, incluso naves enteras. Desde TECNIFUEGO, Asociación Española de Sociedades de Protección contra Incendios, recomendamos la revisión de los sistemas de PCI para comprobar que no han resultado dañados y que funcionan correctamente si se produce un incendio. Para ello, el usuario deberá solicitar a su empresa instaladora y mantenedora que revise las instalaciones, sustituya los equipos dañados y realice una puesta en marcha de inicio de actividad para comprobar que en caso de incendio el equipo funcionará al cien por cien.
Las instalaciones de PCI y sus mantenimientos deben ser encargados a los especialistas habilitados, según el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, y que tienen el conocimiento experto, la formación adecuada y la experiencia en el tiempo para garantizar que un equipo estará bien diseñado, instalado y mantenido.
