El Gobierno de la Comunidad de Madrid elabora un plan de actuación para combatir la okupación ilegal de viviendas con el fin de devolver a sus legítimos propietarios sus inmuebles. Este plan involucra tanto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como a la Policía Municipal, que junto a la administración de justicia, deberán actuar en la máxima brevedad posible.
La Comunidad de Madrid destina una inversión anual de cuatro millones de euros en seguridad y mantenimiento de las 23.213 viviendas que cuenta la Agencia de Vivienda Social, según datos aportados por el Gobierno de la Comunidad. Esta inversión tiene el objetivo de evitar en la medida de lo posible la ocupación ilegal de sus viviendas.
La Agencia de Vivienda Social destina 500.000 euros al año a la instalación de puertas anti-vandálicas y a tabicar puertas y ventanas de las viviendas vacías. Por otro lado, se invirtió alrededor de tres millones de euros en el mantenimiento de un servicio de seguridad.
Este servicio provee de varias patrullas de vigilantes que recorren todas las viviendas y promociones de titularidad regional que están en vigilancia y que deben ser inspeccionadas, al menos, una vez cada 24 horas. Estos inmuebles suelen ser viviendas que se encuentran en obras o en proceso de ser adjudicadas.
Nuevas pautas para acabar con la okupación ilegal
El pasado 7 de octubre se constituyó una Mesa de vivienda y Okupación en la que, tanto el Ayuntamiento y la Comunidad, estrecharon su coordinación en este tema. En ella participaron la Consejería de Presidencia: la de Justicia, Interior y Víctimas; la de Vivienda y Administración local; y a de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, junto a representantes del ejecutivo local.
Gracias a esta mesa se acordó una necesidad clara de colaboración entre las autoridades judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local para llegar a una solución ante esta problemática mediante una serie de pautas que fueron remitidas a los diferentes alcaldes de la Comunidad, según afirma EFE.
Algunas de las pautas establecidas en este nuevo protocolo es alertar al legítimo propietario de cualquier indicio de okupación para que mejore las medidas de seguridad del inmueble ya sea a través del chapado de puertas y ventanas, la instalación de puertas antivandalicas o alarmas.
Además, si se está presenciando un intento de asalto, se aconseja llamar al 112 para que acuda la Policía Nacional, la guardia civil o la policía local. Otro punto importante es la colaboración ciudadana con el fin de arrojar claridad al asunto y resolverlos en el menor tiempo posible.
Otras de las medidas que ya están en marcha, es la llevada a cabo por el Ayuntamiento de Arroyomolineos. Ésta consiste en autorizar a los agentes de seguridad poder acceder y estacionar sus vehículos de servicio en los garajes de las promociones de la Agencia de la Vivienda Social, así como en zonas comunes, con el objetivo de asegurar la vigilancia a cambio del estacionamiento de los usuarios.
