El número de establecimientos obligados por ley a contar con medidas de seguridad se mantiene en Euskadi por encima de los 4.000 al alcanzar los 4.095, apenas 25 más que al cierre de 2017, según los datos de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza.
Por tipo de actividad, no hay cambios significativos, con mínimas variaciones en el número de oficinas bancarias (1.584 en 2018 frente a las 1.589 de 2017), oficinas de farmacia (867 frente a 865), joyerías/platerías (571 frente a 578), cajeros automáticos de entidades de crédito (490 frente a 458) o estaciones de servicio (303 frente a 301).
La estabilidad también es la nota predominante en el sector de la seguridad privada en Euskadi, donde el número de vigilantes de seguridad privada computados en el registro autonómico asciende a 5.328 por los 5.138 contabilizados en el ejercicio anterior. El único cambio notorio es el de los vigilantes de explosivos, que han pasado en un año de 68 a 126. La cifra de escoltas, por su parte, se ha reducido ligeramente al caer de 132 a 120.
En el ámbito empresarial, la radiografía es similar. Las compañías de seguridad privada de ámbito autonómico (es decir, excluyendo delegaciones o sedes de empresas estatales) dedicadas a instalación y mantenimiento se sitúan en 25, una más que en 2017, mientras que las focalizadas en vigilancia y protección continúan siendo tres.
Los despachos de detectives tampoco sufren cambios. En un año solo se ha sumado uno hasta alcanzar los 38, lo que también ha supuesto un detective más, llegando hasta los 44 profesionales.
El número de centros de formación de personal de seguridad privada también se ha incrementado ligeramente, de 37 a 41.
