El importe recaudado en 2017 por sanciones impuestas por la Unidad Central de Seguridad Privada a causa de infracciones a la normativa ascendió a 4.251.593,26 euros, lo que supone un descenso del 13,2% respecto a un año antes. En ese ejercicio, la cantidad económica cobrada por este concepto triplicó los 1.642.217,29 euros de 2015.
Según la estadística del Ministerio del Interior, el pasado año se registraron 1.418 propuestas de sanción, apenas 15 más que en 2016, y un total de 944 resoluciones, 225 menos que en ese mismo periodo. Los expedientes por infracciones muy graves fueron 213, 127 menos que el año anterior, por infracciones graves 391 frente a las 515 de 2016, y por infracciones leves se abrieron 520 procedimientos, 28 menos que 12 meses antes.
El número de informes recogidos por el artículo 159 del Reglamento de Seguridad Privada fueron 85, cuando en 2016 fueron 191 y en 2015 la cifra se quedó en 169.
