Cuando generalmente se piensa en una profesión de riesgo nos vienen a la mente las de policía, militares, bomberos o incluso toreros. Esta percepción social está virando hacia otros ámbitos cuyo desempeño laboral está asumiendo cada vez mayores riesgos. Uno de ellos es el sector sanitario.
Los datos que facilitan las organizaciones del sector corroboran esta tendencia: el 65% de los médicos españoles afirma haber sufrido agresiones en el ejercicio de su profesión. Así lo recoge la V Oleada de la «Encuesta sobre la situación de la profesión médica en España», promovida por la Organización Médica Colegial (OMC) en colaboración con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).
De los 8.700 profesionales que afirmaron en esta encuesta haber sido agredidos, el 60% no presentó denuncia, siendo el perfil de víctima más común el de las mujeres de entre 41 y 60 años.
La situación no mejora mucho si fijamos la vista en otros colectivos sanitarios como el de enfermería. Según el último informe elaborado por el Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras y Enfermeros, uno de cada tres profesionales (33%) ha sido víctima o ha presenciado una agresión física a otro compañero. Un porcentaje que se eleva al 69% si hablamos de agresiones verbales.
La mayor parte de las agresiones (un 52%) las realiza un familiar del paciente, siendo la causa principal, según este estudio, «no satisfacer sus expectativas en cuanto a tiempos de espera de pruebas realizadas», lo que concita un 41% de los casos.
Aunque no hay estadísticas disponibles, estas situaciones de violencia se viven también en otros colectivos, como el de los farmacéuticos.
Ante esta situación, el anterior Gobierno elaboró la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, entre las que destaca la creación del Interlocutor Policial Territorial Sanitario.
En el ámbito de la Policía Nacional ocupa ese puesto el comisario Javier Galván, Jefe de la Brigada Central de Inspección e Investigación de la Unidad Central de Seguridad Privada. Según indica, el objetivo de su labor es «reducir al máximo tanto los delitos como los comportamientos incívicos producidos contra los profesionales del sector sanitario».
En cuanto a su actuación sobre el terreno, la Policía Nacional «intervendrá de dos formas: de manera preventiva, desplegando sus recursos al objeto de evitar la victimización de los profesionales sanitarios por el ejercicio de sus funciones, y de manera reactiva, ante cualquier situación delictiva o incívica que sufra este colectivo, denunciando conforme al Código Penal en el primer caso y mediante la denuncia administrativa conforme a la Ley de Seguridad Ciudadana, en el segundo», señala el comisario Galván.
Esta tarea de velar por que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo sin ser víctimas de agresiones físicas o verbales es parte de la labor que llevan a cabo los encargados de la seguridad de centros hospitalarios, a la que se une la de proteger a los pacientes y a las instalaciones y equipos.
Así lo corrobora Gracia Quevedo, responsable de la Gestión del Servicio de Seguridad del Hospital Universitario de Fuenlabrada, para quien la prioridad es «mantener el orden para que los profesionales puedan realizar su trabajo con el menor riesgo posible».
Una de las claves para conseguir ese objetivo es la prevención. En opinión de Manuel Manglano, jefe de Equipo de Seguridad del Hospital Severo Ochoa de Madrid, para avanzar en este camino es fundamental «dotar al profesional de la seguridad de los equipos adecuados, formación continúa e invertir en materia de seguridad y tecnología».
En su opinión, también es necesario «concienciar al ciudadano y al trabajador de que tanto las medidas de seguridad como el profesional que las implanta y realiza están para hacer más cómoda su estancia en las instalaciones y velar por las posibles amenazas».
