El año que acaba de comenzar será trascendental para la seguridad en España. Cambios normativos, revoluciones tecnológicas y unas buenas perspectivas de negocio son los tres ingredientes de un caldo de cultivo ideal para transformar un sector muy relevante para la economía nacional. No en vano, genera unos 100.000 empleos y alcanzó una facturación en 2017 de 4.175 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al año anterior, según los datos del Observatorio sectorial de DBK.
El escenario legal en el que se mueve cualquier sector es el principal condicionante de su evolución. En el caso de la seguridad, el panorama es complejo. Esa complejidad responde a que opera con una Ley redactada en 2014 y que convive con un reglamento que data nada menos que de 1994, año en que apareció para desarrollar la anterior norma, la Ley 23/1992 de 24 de julio.
El fin de esa complicada cohabitación normativa es uno de los caballos de batalla del sector, que continúa reclamando la ansiada publicación del reglamento que concrete lo estipulado en la Ley 5/2014.
A fecha de hoy se desconoce a ciencia cierta cuándo se producirá esa entrada en vigor. Hace algo más de un año, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó en sede parlamentaria que la aprobación del reglamento “debe ser abordada durante esta Legislatura”.
Poco más se ha avanzado para despejar esa incógnita. Solo se conoce lo que el sector espera del nuevo texto: que fomente la colaboración entre la seguridad pública y privada, que ayude a generar mayores y mejores oportunidades de negocio, que contribuya a acabar con el intrusismo y que marque unas reglas de juego claras para prestar un servicio de calidad en beneficio de la sociedad.
A la espera de que se apruebe este reglamento, han visto la luz otras normativas que se antojan fundamentales para la seguridad del futuro, que necesariamente deberá tener un enfoque integral.
Protección de Datos
Entre ellas destaca el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR por sus siglas en inglés). Esta regulación supondrá un cambio muy significativo en la legislación española y será de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018. Su impacto es especialmente trascendental en el sector, sobre todo en el ámbito de la videovigilancia y la ciberseguridad, pues son dos escenarios donde el tratamiento de datos de carácter personal es especialmente sensible.
Lea el reportaje íntegro en CUADERNOS DE SEGURIDAD
