Andrés Martín Ludeña, vocal de la Junta Directiva de ANPASP, es uno de los ponentes que acudirán entre el 9 y el 11 de marzo a Ourense, con motivo del Congreso de formación reglada en seguridad privada (http://congresoformacionseguridadprivada.es/).
Se trata de una cita que aspira a encontrar soluciones y poner sobre la mesa los problemas que sufre el sector de la formación en la seguridad privada. En concreto, moderará la mesa sobre Desarrollo, control y supervisión el viernes 11 de marzo.
Precisamente Andrés Martín Ludeña nos ofrece esta reflexión sobre el actual momento de este ámbito, al tiempo que convida a asistir al evento en la ciudad gallega.
“La educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido se olvida”.
(B. Frederic Skinner).
A nadie escapa que el futuro de las naciones lo marcan, entre otros “factores claves de su éxito”: el nivel alcanzado por su sistema educativo, el rendimiento académico de sus ciudadanos basado en el esfuerzo y el apoyo institucional a la meritocracia. Esto último unido a la eliminación sistémica de los “nombramientos por libre designación” para los puestos profesionales relevantes.
Por ello, somos muchos los que creemos que, sin un buen nivel educativo, lo único que depara a un país es un futuro incierto.
España es un claro ejemplo de ello, pues a diario vemos como las élites políticas y de la administración están lejos de dar respuesta eficaz a las necesidades reales demandas por los ciudadanos que pretenden liderar por Su falta de conocimientos, viéndose superadas en preparación por la ciudadanía.
Los hay que piensan que, esta baja cualificación de las administraciones – acentuada con el paso de los años – alcanza una solución mediante acciones tendentes a rebajar el nivel de exigencia educativa de la bases sociales– haciendo con ello más dúctil y manejable al ciudadano-. Para ello bastaría con una estrategia que conduzca a la alienación de los programas educativos, unido al apoyo sin fisuras al alumnado más renuente e incapaz, y lo que es más importante, privando a los docentes de estímulos profesionales, de preparación, de motivación y de autoridad ante el alumnado. ¡Cuánto mal pensado hay suelto Señor!
El Sector de la Seguridad Privada – que es el que nos ocupa en esta ocasión – no es una ínsula paradisiaca en este fiasco contumaz y se ha adocenado en pocos años en medio de esta catarsis general, donde lo vulgar alcanza el clímax cuando marida con el enchufismo. Eso sí, disfrazando esta desastrosa vía de selección con el término “personal de confianza”, y todo ello debidamente aliñado con el “pláceme” de los Organismos de Control, que se ponen de perfil y que consiente que la calidad de los servicios de seguridad se rebaje y deteriore hasta cotas inasumibles por una sociedad moderna a la que deberían proteger mas en estos inciertos momentos.
En pocos años, los usuarios de seguridad hemos visto como varias de las principales empresas de seguridad pasan a manos de grupos de capital riesgo o de empresarios sin capacidades para gestionarlas y hacerlas viables. Ambos perfiles parecen tener por bandera y como única solución a sus tensiones financieras “un apetito de riesgo desmedido” y una “búsqueda de beneficios a corto”, lo que les obliga a laminar la calidad de los servicios que prestan, comenzando por ningunear o falsear la preparación académica de los profesionales que integran sus plantillas y seguidamente pagar salarios basura que ponen en fuga a los empleados más cualificados y capacitados a otros sectores refugio.
¡Todo vale en beneficio de la dinamización de la actividad empresarial y de la libre competencia!
Reconozco el esfuerzo y trabajo que llevan aparejados actualizar y sacar a la luz una Ley y un Reglamento de Seguridad Privada, lo reconozco. Pero con igual énfasis alzo la voz convencido de que en materia de exigencia formativa de los profesionales y los docentes de seguridad privada se ha perdido una oportunidad y un tren que ya no podremos retomar hasta dentro de muchos años, puede que entonces ya sea tarde.
Llegados a este punto, la pregunta clave que habría que resolver sobre esta cuestión: ¿Quid prodest?, ¿a quién beneficia este escenario?.
No seré yo quien lo vaya a destripar este nudo gordiano, ya que si hiciese tal cosa en el uso pleno de mi libertad de expresión y dando rienda suelta a mis pensamientos por escrito – sin gozar de inmunidad o aforamiento – me podía encontrar ante una situación legal compleja.
Por ello – precisamente por ello – me voy a centrar en resolver a quien perjudica este grave error en mi humilde opinión:
¿Tal vez a los propios profesionales, que tendrán menor reconocimiento social, empresarial, proyección profesional y salarios más bajos?
¿Tal vez a los usuarios de seguridad privada, al disponer estos de unos servicios de menor calidad?
¿Tal vez a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que encontrarán menor auxilio y colaboración del Sector, menor capacidad de respuesta e interlocución de unos profesionales peor capacitados y formados?
¿Tal vez a España, al quedar coja o mermada su estrategia nacional de seguridad?
Tras este resumen, ¿entienden Ustedes mi decepción profesional por el trabajo desarrollado por los prescriptores del nuevo marco normativo? Sinceramente, ¿alguien cree que se han tenido en cuenta y favorecido los intereses generales?
En este escenario tan complejo, la Asociación ANPASP convoca para el 10 de Marzo del año en curso – cargada de ilusiones y en busca de soluciones – el “I Congreso Nacional en Formación Reglada en Seguridad Privada” que se me antoja como una inscripción obligada para todos los profesionales del seguridad privada y en especial para los cientos de docentes que consideramos que algo habrá que decir y hacer en busca de un mejor futuro.
Para terminar y dado que estamos en el 400 aniversario de la muerte de Don Miguel de Cervantes, me viene a la memoria una de las geniales frases de Don Quijote de la Mancha: “Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia”.
Andrés Martín Ludeña es Máster Ejecutivo en Dirección de Seguridad Global por la Universidad Europea de Madrid; PDD del IESE – Universidad de Navarra; y vicepresidente de PROTECTURI.
