El Congreso ha dado luz verde a la nueva Ley de Seguridad Privada que sustituye a la de 1992 y que empezará a aplicarse en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Tras meses de debate y desencuentros entre los principales grupos políticos, el texto ha sido aprobado con las enmiendas introducidas durante su paso por el Senado, que han contado con el apoyo de PP, CiU y, parcialmente, PNV. El resto de grupos parlamentarios han rechazado la nueva legislación, que consideran «privatiza la seguridad en detrimento de las Fuerzas de Seguridad del Estado».
A pesar de la polémica social que ha desencadenado, la nueva ley ha contado con el consenso del sector que la considera una normativa necesaria, que integra ordenadamente la seguridad privada y la pública, aumenta la formación de los profesionales y exige más garantías a las empresas. La nueva ley ha sido valorada positivamente desde distintos ámbitos institucionales porque “ofrece un marco para la mejor prestación de servicios de seguridad y pretende que estos sean de mayor calidad, lo que redundará en mayor seguridad para los ciudadanos”.
Los aspectos más polémicos de esta nueva Ley de Seguridad Privada son los referidos a las competencias que otorga a los agentes de seguridad privada en su artículo 41. Tras su paso por el Senado, los vigilantes no podrán patrullar por las zonas comerciales comerciales, pero sí podrán vigilar el perímetro exterior de las cárceles y los centros de extranjeros.
