El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, explicó el pasado 17 de octubre en el Congreso de los Diputados el acuerdo alcanzado por el Grupo Parlamentario Popular y el de Convergència i Unió para modificar el contenido de algunos artículos del proyecto de Ley de Seguridad Privada, que fue enviado por el Gobierno a la Cámara Baja para su debate y aprobación.
Este acuerdo se ha presentado en el debate de las enmiendas a la totalidad que la Izquierda Plural y Convergència i Unió (CiU) habían presentado a este proyecto de Ley, elaborado por el Ministerio del Interior, y que modernizará e incorporará nuevas disposiciones que no estaban recogidas en la anterior normativa de 1992.
En este sentido, Jorge Fernández Díaz explicó que el proyecto abre «nuevos servicios a la seguridad privada que la sociedad está demandando», como la vigilancia de los polígonos, urbanizaciones, edificios públicos o joyerías, además de la seguridad exterior de las prisiones. El ministro del Interior ha recordado que este sector agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a más de 85.000 personas y ha facturado en el último año más de 3.000 millones de euros.
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) y el de Convergència i Unió (CiU), -que ha retirado su enmienda a la totalidad- han pactado siete cambios al articulado inicial del proyecto de Ley relativos fundamentalmente al control, inspección y sanción de las empresas de seguridad privada y de las agencias de detectives.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz consideró «razonable» que las comunidades autónomas con estas competencias puedan inscribir en sus registros de seguridad privada a los despachos de detectives que trabajan exclusivamente en su marco autonómico. Asimismo, Fernández Díaz señaló que el falseamiento de la «declaración responsable» que se exige a las agencias de detectives privados, seguirá siendo una infracción administrativa que conllevará la correspondiente sanción.
Además, el ministro del Interior aseguró que con este acuerdo quedan subsanadas las dudas de constitucionalidad sobre la futura Ley de Seguridad Privada que habían surgido debido a que el Estatuto de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en esta comunidad autónoma.
En virtud de este acuerdo, Jorge Fernández Díaz anunció que el Gobierno modificará los artículos 12 y 13 del proyecto de Ley de Seguridad Privada y garantizó que con esta nueva Ley se mantiene la «irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los principios de cooperación y corresponsabilidad». «No se trata en absoluto de privatizar la seguridad», afirmó el ministro.
