Después de su participación en la mesa redonda sobre «Espacios de colaboración entre seguridad pública y seguridad privada», en el marco de Security Forum (ver CUADERNOS DE SEGURIDAD, núm. 278) conversamos de nuevo con Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico del Ministerio del Interior, para hablar del proyecto de Ley de Seguridad Privada, que fue aprobado el pasado 14 de junio en Consejo de Ministros y remitido al Congreso de los Diputados. La pretensión del Ministerio es que la tramitación parlamentaria se inicie antes de que concluya este período de sesiones, de manera que hacia finales de año pueda entrar en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada, aunque –según explica Puigserver– «dependerá de los plazos de presentación de enmiendas que se habliten y del número y entidad de éstas».
Puigserver asegura que la nueva normativa se ajusta a la realidad de la sociedad y a las necesidades de todas las partes implicadas. La vigente Ley de Seguridad Privada de 1992 representó en su momento -según explica el secretario técnico del Ministerio del Interior- un considerable avance respecto a la regulación inmediatamente anterior, carente de una norma específica de rango suficiente, como demanda el principio de legalidad. Presentaba lagunas que fueron parcialmente colmadas por el Reglamento de Seguridad Privada y a través de numerosas disposiciones de inferior jerarquía. «Desde el Ministerio del Interior se ha considerado que es el momento de regular el sector de forma integral y sistemática con una nueva norma que cumpla la exigencia de que el modelo de seguridad privada se contenga en una ley, superando las actuales insuficiencias», finaliza
Además de explicar que el colectivo más crítico con la nueva ley han sido los detectives privados, que se han opuesto especialmente a a la apertura de la actividades de investigación privada a las empresas de seguridad. Puigserver explica que «En el proyecto de ley se ha acogido una de las principales observaciones de los detectives, y se ha restablecido la incompatibilidad entre la investigación privada y el resto de actividades de seguridad privada. En cuanto a las obligaciones que se les imponen en el ejercicio de su actividad profesional y a las facultades de inspección y control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se ha aclarado la redacción de los preceptos al parecer más conflictivos. Así, por ejemplo, queda claro que los detectives no deben remitir una copia de los contratos que celebren al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente, sino sólo comunicar su celebración, sin que dicha comunicación comprenda datos de carácter personal».
En la entrevista, Juan Antonio Puigserver, explica que la pretensión del Ministerio es que la tramitación parlamentaria se inicie antes de que concluya este período de sesiones, de manera que hacia finales de año pueda entrar en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada, aunque puntuliza que «dependerá de los plazos de presentación de enmiendas que se habiliten y del número y entidad de éstas».
En el número 280 de CUADERNOS DE SEGURIDAD (mes de julio), se publica la entrevista íntegra con Juan Antonio Puigserver
